La ley de cambio climático y transición energética marca el final de la era del coche de combustión en España
15/01/2019
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Desde la celebración del aclamado Acuerdo de París en 2015, los problemas causantes del cambio climático global han sido puestos en alta consideración por importantes países del continente europeo, singulares entes políticos de los cuales ahora España desea formar parte. Con el propósito de llevar a cabo dichos compromisos, la nueva ley de cambio climático y transición energética reúne a todo un importante conjunto de herramientas técnicas, económicas y administrativas y las hace converger en un solo y ambicioso objetivo: Descarbonizar de forma absoluta el parque automotriz nacional, y substituirlo por un nuevo modelo de transporte, totalmente libre de emisiones de dióxido de carbono, antes de la llegada del 2050. En este artículo se analizaran los principales factores que dicho proyecto debe superar para alcanzar un nivel totalmente sostenible.

La ley de cambio climático y transición energética: Principales datos sobre su inicial planteamiento y modos de acción.

Desde el año 2015, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido una de las entidades que mas ha apostado en pro del establecimiento de normativas de carácter medio ambiental. De ahí la razón por la cual, tras su reciente ascenso a la directiva del gobierno español, sus esfuerzos por materializar dichas iniciativas no han tardado en ser vislumbrados. Es así pues como por iniciativa del presidente Pedro Sánchez, la nueva ley del cambio climático ha tenido su total surgimiento.

El proyecto, de acuerdo con las directrices impuestas por el Ministerio de la Transición Ecológica entrara en vigor a inicios del año 2020 una vez consolidada sus etapas de consulta pública y valoración del anteproyecto. La misma cuenta con una notable división de objetivos tanto cualitativos como cuantitativos, persiguiendo los primeros, el hecho de alcanzar dichos parámetros de una forma totalmente económica y accesible, y encargándose el segundo de relegar un 26% las emisiones de C02 respecto al año 2005. Completando así el primer tramo de la medida del 90% estipulado por la inicial Hoja de Ruta de la Comisión Europea para 2050.

Otra de las más importantes iniciativas ejecutadas por el jefe de gobierno Pedro Sánchez, para la consolidación de sus políticas medio ambientales, ha sido la incorporación del estado español a la reconocida Coalición para la Neutralidad del Carbono, entidad integrada por 16 países cuyo objetivo es la materialización de una economía independiente de las emisiones de C02 a partir del 2020.

Impacto económico de la nueva ley sobre el parque automotriz nacional: Principales alternativas de control y mitigación.

Hacer posible dicha realidad, dependerá en gran manera de la superación y resolución de numerosos inconvenientes técnicos y económicos que su planteamiento supone. El primero de ellos será sin duda su severo impacto sobre la economía nacional, bajo lo cual muchos medios aun buscan la forma mas adecuada para reinventar al parque automotriz nacional compuesto por más de 31 millones de automóviles de diferentes géneros, magnitud total que le supone al estado ingresos superiores a los 23 millones de euros anuales.

Respecto a este factor, la accesibilidad en los precios de las unidades de vehículos eléctricos parece ser la más inmediata solución. Según recientes análisis llevados a cabo por las empresas Cambridge Econometrics y T&E existe un promedio de 5000 euros de diferencia entre los precios de adquisición de automóviles eléctricos respecto a los de combustión, medida que puede alivianarse si se considera que los modelos eléctricos representan a largo plazo un ahorro de 1439 euros anuales en gastos de recarga y mantenimiento. Una inversión progresivamente aumentada para el año 2020 conforme la tecnología de electro propulsión siga siendo optimizada.

La instalación de puntos de recarga como medida para la electrificación del transporte nacional. ¿De qué forma pueden consolidase?

El segundo inconveniente que dicho plan debe superar será la ausencia y distribución adecuada de los puntos eléctricos de recarga en un total de 1300 gasolineras a los largo y ancho del país, inversión que demandaría un total de 3940 millones de euros. En la actualidad, España cuenta con un total de 370 mil estaciones eléctricas y la Unión Europea estima que para 2022 deberían encontrarse instaladas un total de 220.00 más de ellas.

Con el propósito de facilitar dicha situación, el proceso por el cual se pretende la efectiva electrificación nacional ha sido dividido por la Ley de cambio climático y transición energética en un total de tres etapas consecutivas, cada una de las cuales distribuye a las estaciones de acuerdo a su capacidad. De esta manera, las gasolineras cuya capacidad supere los 10 millones de litros anuales tendrán solo 21 meses para el intercambio, caso contrario de las estaciones que despachan menos de 5 millones de litros, cuyo periodo máximo ha sido de solo tres meses y un año.

Apuntes Finales: Otras importantes medidas económicas que favorecen a una España libre de carbono.

A la par de dichas informativas, múltiples marcas automovilísticas ya se encuentran realizando importantes reformas en cuanto a la adecuación de vías de suministro. Es pues así como las empresas Nissan, Ikea  e Iberdrola han anunciado ya la colocación de un total de 100 estaciones de carga rápida para 2019. Sus sistemas serán apostados en un intervalo de 150 kilómetros con apoyo de la empresa Esay Charger.

Los servicios adicionales también juegan un papel preponderante en la sustentación de la economía nacional. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) es testigo de ello. A través de sus informes se consta como más del 75% de estaciones españolas cuentan con servicios adicionales de las cuales la recarga de gasolina representa solo un 1%, por lo que la llegada del servicio eléctrico para coches no presentaría gran problema mientras se mantenga la particular autonomía de estos.

El objetivo de la nueva Ley de cambio climático y transición energética involucra por tanto el absoluto logro de un descenso del 90% de emisiones combustibles respecto a la medida del año 1990, lo cual equivale a la eliminación de un total de 230 millones de toneladas del nocivo gas dióxido de carbono.A

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